Pienso en mi futuro, en mi pensión

¿Independencia económica? La economía de las pensiones

Tomado de: ANIF, 1992. Cali. La Economía de las Pensiones. El Derecho al Futuro.

¿QUÉ OFRECEN LOS FONDOS PRIVADOS?

A partir del estudio realizado por la Fundación Federich Ebert de Colombia (FESCOL) puede plantearse el siguiente escenario posible dentro del nuevo esquema pensional:

  1. Que la tasa de rendimiento real de los fondos sea del 6.5%.
  2. Que el salario real crezca en un 1.33% anual
  3. Que la tasa de cotización a los fondos privados sea progresiva, así: 5 puntos en 1992; 8.5 en 1996; 10 puntos en 2001; 11 puntos en 2006; 12.5 puntos en 2011; y 14 puntos en 2020.
  4. Que la edad de jubilación sea de 65 años y la cotización se lleve a cabo ininterrumpidamente y en los montos reglamentarios.
  5. Formulaciones con base en el salario mínimo legal.

En las anteriores condiciones puede presentarse la siguiente situación:

  1. La edad inicial para cotizar al fondo durante 38 y 45 años debe estar entre los 20 y 27 años.
  2. Si el empleado ingresa a los 28 años y cotiza durante 37 años, no alcanza a recibir un salario mínimo como pensión.
  3. Si ingresa al fondo a los 30 años de edad, cotiza durante 35 años y sólo recibirá como pensión un 0.81 del salario mínimo.
  4. En la medida en que la edad de ingreso  al fondo aumente, el tiempo de cotización y la tasa de remplazo disminuyen.  Si el trabajador comienza a los 35 años de edad, cotiza durante 30 años y sólo recibe 0.53 del salario mínimo como pensión.  Si ingresa a los 40 años, cotiza 25 y sólo recibe el 0.34 del salario mínimo.

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EN CHILE

La clave de la reforma previsional en Chile fue comprobar que el antiguo sistema de reparto era un fracaso total. Si Franz Kafka hubiera escrito sus libros después de haber conocido el sistema chileno podría haber sido acusado de plagio: tal era la confusión y el absurdo.  La ineficiencia, la falta de equidad y de solidaridad del sistema hicieron que un ecuánime político chileno llegara a calificarlo como la mayor estafa jamás hecha a los trabajadores.

Las fallas del sistema de reparto obedecen a una multiplicidad de causas entre las que se cuentan los factores demográficos, la corrupción de los funcionarios, la mala administración de los recursos, etc.  Pero, por sobre todas, existe una razón que se halla en las raíces mismas del sistema y que se funda en un error de interpretación del comportamiento humano.  Esto es, la creencia en el principio de que “los jóvenes luchan para que los viejos gocen”.  Esa es una utopía. Los jóvenes no luchan para que los viejos gocen sino para que su familia, su cónyuge, sus hijos progresen.  No es legítimo, por tanto, buscar paliativos y soluciones a medias a los sistemas de pensiones tradicionales de reparto que se erigen sobre un error de base.

De allí que la reforma chilena se haya adelantado en forma radical y sin dejar vestigios del sistema previo.  Simplemente no se creía en la prevalencia de un sistema mixto, como el que se piensa instaurar en Colombia, porque lo que estaba en juego era el futuro del país, el futuro del sistema y el futuro de los trabajadores.

Dejar la semilla de un sistema de reparto en un sistema privado es dejar un virus que al principio no se va a notar pero que después producirá la muerte del paciente.  Considero que un sistema dual es un acto de cobardía política de líderes que presentan ante la opinión pública un gran cambio que en el fondo está contaminado por el virus que tarde o temprano va a llevar a que se repitan los mismos problemas y errores del pasado.

Es cierto que lograr un consenso “a priori” en torno al cambio del sistema previsional es imposible.  ¿Cómo van a estar de acuerdo con el cambio quienes pierden intereses enormes? En Chile el

consenso se logró “a posteriori”.  Incluso el actual gobierno, que se opuso con firmeza al sistema de capitalización individual cuando se estaba implementando, hoy en día no sólo lo mantiene sino que lo defiende.

En este caso lo que se requiere es liderazgo política para llevar a cabo una transformación que favorece al país, aun cuando se hieran intereses creados de corto plazo, con la enorme esperanza y certeza de que los trabajadores serán los que le van a dar el consenso en los votos, o trasladándose de un sistema al otro.

Colombia es un país democrático con un Presidente que ha demostrado un enorme liderazgo.  Ojalá lo use en la reforma previsional, no para alcanzar el consenso sino para contar con el apoyo de la mayoría.

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y AHORRO PRIVADO

En Chile se optó por una reforma profunda y por esa vía se llegó al sistema de capitalización individual.  Su diseño no fue producto de una inspiración genial: resultó de aplicar el sentido común.  A diario se ve que las personas ahorran para comprar un auto, una vivienda, una bicicleta.  La gente ahorra para acumular recursos y después satisfacer sus necesidades.  ¿Por qué no pensar en la pensión en los mismos términos?  Los trabajadores deben ahorrar durante su vida productiva para satisfacer las necesidades que se presenten cuando no puedan trabajar.

El sistema de pensiones chileno está basado en el ahorro individual.  Como tal, sigue la lógica de que las sumas que se ahorran obedecen a un criterio personal y de que no corresponde a ninguna autoridad estatal definir el monto de la prestación.  Ese es un concepto anacrónico y estatista.

Aunque el Estado chileno fija una tasa de cotización mínima del 10% de sueldo bruto, cada trabajador está en libertad de hacer cotizaciones más altas.  Las cotizaciones inferiores al 20% están exentas de impuestos mientras que las que superan este porcentaje son gravadas.

La idea de la capitalización individual es que las personas tienen preferencias distintas.  Hay unas que tienen terror a la vejez y se forjan una mullida renta; otras a quienes no les importa ese hecho y viven la inmediatez; otras que quieren jubilarse a los 50 años e irse a pescar, y algunas que quieren trabajar hasta los 93 años.  En consecuencia, las administradoras de pensiones han diseñado un sistema computacional muy simple, al alcance de todo el mundo, donde el trabajador puede consultar cuánto tiene ahorrado y hacer los cálculos de cuánto tiene que ahorrar para llegar a una prestación definida o para llegar a una pensión “X” en determinado tiempo.

El sistema de capitalización individual, así mismo, está dirigido a favorecer a los más pobres al final de su vida productiva mediante el subsidio total directo.  Este instrumento garantiza el subsidio estatal para complementar la pensión mínima a los sectores de menores ingreso del país.  Por tanto, el sistema privado tiene una carga de solidaridad mucho mayor de la que pueda tener un sistema de reparto simple.

LAS VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA

El segundo principio sobre el que descansa el sistema es el de la administración privada.  No fue fácil tomar esta decisión en medio de la gigantesca confusión que existe entre el concepto del lucro de una sociedad que administra un fondo de pensiones, y unos recursos que se invierten en instrumentos de la sociedad y que derivan una rentabilidad que, con la sola deducción de una comisión, pasa íntegramente a los trabajadores.  Es claro que la comisión que obtienen las sociedades administradoras equivale a la retribución que recibiría cualquier negociante para cubrir sus gastos de operación y remunerar su trabajo.  De no existir, nadie invertiría absolutamente nada en el sistema.

El objetivo de la privatización reside en darle mejores pensiones al trabajador, más que en equilibrar la balanza de pagos, reactivar el mercado de capitales, etc.  Estas metas son legítimas pero por encima de todas prima el gran objetivo de crear un sistema gracias al cual los trabajadores puedan obtener una pensión digna que les permita sufragar sus gastos de la vejez.

Para que la pensión sea digna, lo fundamental es que los fondos ahorrados crezcan a la máxima tasa posible, lo cual depende del rendimiento de los recursos y de la eficiencia con que se administran.  Como es obvio, un elemento fundamental del rendimiento es el costo de administrar el sistema, los niveles de comisión cobrados a los afiliados.  Una administración eficiente redunda en menores niveles de comisión y, en consecuencia, en una mayor rentabilidad para los recursos de los trabajadores.

En lo que se refiere a la eficiencia, ésta depende fundamentalmente de la capacidad de procesar el importante volumen de información de las cotizaciones de los afiliados (más de cuatro millones en Chile) a través de modernas redes de sistematización de datos.

No debe perderse de vista que la industria de la informática evoluciona y se sofistica muy rápidamente y que, en esa medida, el sector privado tiene mayor capacidad que el público para renovar y ajustar tecnologías según las necesidades que surjan durante la evolución del sistema y las innovaciones en informática.  La incorporación de tecnología de punta computacional ha sido crucial en la reducción de los costos de administración de los fondos de pensiones chilenos.

Ahora bien, como el sistema se alimenta del ahorro obligatorio de los trabajadores, el Estado tiene el deber de regular la industria.  Pero no para que se aparte de las leyes del mercado sino para que las fuerzas competitivas se desarrollen en toda su plenitud.  A tal fin en Chile se creó la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, una entidad pequeña pero con personal de alto nivel técnico y con amplia trayectoria en el sector privado, que tiene el criterio adecuado para entender y regular un nuevo esquema que, a la fecha, cuenta con 10.000 millones de dólares.

La eficiencia de la Superintendencia y el profesionalismo de las administradoras de pensiones se reflejan en el hecho de que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de manejos dudosos o de estafas en este campo.

Al implantarse el esquema de capitalización individual se permitió que los trabajadores eligieran libremente su traslado del antiguo al nuevo sistema, y se determinó que los jóvenes entre 18 y 20 años que ingresaran a la fuerza laboral se afiliaran a las sociedades administradoras de pensiones.  Más aún, a aquellos que se pasaron del régimen tradicional al de capitalización individual se les favoreció con un bono de reconocimiento de la deuda pensional adquirida en el antiguo esquema, el cual se hace efectivo al momento de pensionarse.

Aunque en el principio una parte importante de los políticos tradicionales que derivaban un enorme poder de manejar el sistema previsional de reparto se opuso al cambio y ejerció toda la presión posible en su contra, el trabajador sencillo y corriente, guiado por esa intuición que tiene la gente cuando lo afectan temas que realmente competen a su vida familiar, decidió pasarse al nuevo sistema.  Durante el primer mes de operación del sistema 500 mil trabajadores se acogieron al nuevo esquema, y a la fecha lo ha hecho el 90% de la fuerza laboral chilena.

EL CASO COLOMBIANO EN PERSPECTIVA

En Chile, como ahora sucede en Colombia, uno de los aspectos más debatidos del esquema de capitalización individual fue su falta de solidaridad.  Personalmente creo que nadie con real honestidad intelectual puede esgrimir este argumento.  Y por si quedan dudas, basta remitirse al artículo del Senador Fernando Botero, para comprobar la falta de solidaridad del sistema previsional colombiano.

Otra manifiesta preocupación es la del costo fiscal que pueda acarrear el nuevo esquema.  Sin embargo, como lo plantea Fedesarrollo en un reciente estudio, el costo en que debe incurrir el fisco colombiano es absolutamente salvable.

En un sentido estricto, no existe ningún costo económico en pasar del sistema de reparto al sistema de capitalización.  Lo que sí se presenta es un costo contable, lo cual es bastante diferente, que radica en la deuda que el Estado debe reconocerle a los actuales jubilados y a las personas que están dentro del sistema.  El pago de esta deuda amerita una solución de largo plazo y un ejercicio inteligente de ingeniería financiera.

En Chile esta deuda se documentó y se emitieron bonos de deuda fiscal (bonos de reconocimiento) a 10, 15 o 20 años para captar parte de esos fondos durante el período de transición.  Se empezó captando el 50% y se ha bajado al 40%.  En otras palabras, inicialmente los fondos de pensiones invertían entre 40% y 50% de sus fondos en instrumentos estatales transados en un mercado competitivo a tasas de intereses competitivas.  La deuda se ha ido disminuyendo a medida que los pensionados pasan a mejor vida y para el año 2020 el país se reirá del costo fiscal de la transición.

UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS

Es crucial comprender que el cambio de sistema no es una oportunidad exclusiva para los bancos, las compañías de seguros o los analistas financieros.  La reforma previsional es lo que en la teoría se llama un juego de suma variable, en el cual todos pueden ganar porque se genera un valor agregado para el total de la economía.

Y los primeros ganadores son los trabajadores.  En sólo diez años los trabajadores chilenos han empezado a recibir pensiones superiores entre un 50% y un 100% a las pensiones del sistema antiguo.

Acá vale la pena señalar que, contra lo que plantea la doctora Patricia Jaime (ver su artículo en esta publicación), la garantía estatal al sistema previsional redundaba en pensiones misérrimas para el 70% de los trabajadores chilenos.  Dentro de un esquema inflacionario, el Estado no aumentaba los porcentajes de los sueldos sino que realizaba emisiones que, en el largo plazo, reducían el monto de las pensiones.  En el nuevo sistema todas las pensiones están garantizadas contra la inflación puesto que se denominan en unidades de poder adquisitivo constante (Unidades de Fomento).

De otra parte, los trabajadores son los ganadores porque el ahorro nacional, la tasa de crecimiento y la demanda por trabajo aumentan, y ellos participan de manera directa de los beneficios de la economía.  Los fondos de pensiones chilenos tienen hoy en día el 28% de sus recursos invertidos en acciones cuya relación precio-utilidad se ha incrementado notablemente en los últimos cinco años.  Por primera vez en la historia del país los grandes beneficiados por la explosión bursátil chilena no han sido los inversionistas de siempre sino los cuatro millones de trabajadores afiliados al sistema previsional.

Los fondos han alcanzado un rendimiento tal, que mientras las proyecciones de su rentabilidad real promedio anual se calculaba en 4%, ésta ha ascendido al 13% anual.  De allí que se esté pensando en limitar las cotizaciones de aquellos individuos que ya tengan acumulado un fondo gigantesco en su cuenta.

En segundo lugar, la reforma previsional es también una oportunidad para los empresarios.  Es muy importante que se establezca la libertad de ingreso al sistema de todos aquellos que quieran crear administradoras de fondos de pensiones.  Ojalá se creen decenas de ellas: de los trabajadores, de los gremios, de los bancos, de las compañías de seguros, de los extranjeros.  Como decía Mao Tse-Tung, es deseable “que florezcan mil flores”..

Y, por último, es la gran oportunidad para el gobierno, que se beneficiará con esta gran medida de ahorro fiscal.  El nuevo esquema libera recursos cautivos por los sistemas de reparto que ahora podrán orientarse a la educación, la salud, a obras de infraestructura y, en fin, a toda una serie de factores que contribuyen a la igualdad de oportunidades entre la población.

Fuera de los recursos, el Estado también se ahorrará presiones.  ¿Cuánto tiempo pasan el Ministro de Trabajo y el Ministro de Hacienda recibiendo a grupos sindicales que solicitan distintos esquemas, o a personas que quieren pasarse de una caja a la otra? Las autoridades podrán ahora dedicarse a pensar en proyectos de envergadura para el país en vez de estar asignando premios y castigos según la fuerza de presión y la cantidad de votos que trae detrás.

UNA SEGUNDA INDEPENDENCIA

América Latina entera está viviendo un momento estelar.  Bolívar y otros la liberaron políticamente pero la liberación económica todavía no había llegado.  La burocracia, las leyes, los reglamentos y es estatismo son propios de una larga monarquía autoritaria y centralista como la española.

En 1992, 500 años después del descubrimiento, Latinoamérica ha podido alcanzar la independencia económica y social y ofrecerle un gran porvenir a sus trabajadores.  Perú ya aprobó el nuevo sistema de pensiones que entrará a regir en el segundo semestre de 1992; Argentina contará con un sistema privado a partir de este año.

Si  Colombia lleva a cabo esta reforma se sucederá una explosión en cadena de procesos liberalizadores.  Se creará un gigantesco mercado de capitales y se acelerará el proceso de privatización de las grandes empresas estatales.  Y, sobre todo, será la primera vez que los trabajadores se sientan comprometidos con el proceso social y político del país.

UNA SEGUNDA INDEPENDENCIA

Para efectos de su organización interna y de las actividades que debe monitorear, la Superintendencia de Fondos de Pensiones ha estructurado el sistema de pensiones en tres módulos que abarcan los aspectos fundamentales del nuevo esquema.  A saber, el módulo del ahorro, el de las expectativas de vida y el financiero.

El módulo del ahorro individual está conformado por la cotización del trabajador y por la rentabilidad de la misma a lo largo del lapso de afiliación.  Durante el período de transición del antiguo al nuevo sistema de pensiones, la cuenta individual de los trabajadores también incluye un bono de reconocimiento que equivale a sus abonos al antiguo sistema, los cuales se ajustan anualmente a una tasa del 4% y sólo pueden hacerse efectivos al final de la vida productiva del trabajador; es decir, a los 65 años en el caso de los hombres y a los 60 años en el de las mujeres.

El módulo de las expectativas de vida contempla el tiempo adicional que un trabajador debe financiar a partir del momento en que se pensione.

Si bien el objetivo del sistema es proporcionar beneficios uniformes a todos los trabajadores, considero que existen sectores donde el tipo de actividad desarrollada tiene una profunda incidencia sobre las expectativas de vida.  En este contexto, sería razonable diseñar distintas tablas de expectativas de vida, de manera que el tope de los 60 o los 65 años no sea el único límite posible a la vida productiva del trabajador. 

Por último, está el módulo financiero que no es otra cosa que el cálculo del valor presente de los flujos futuros de una pensión, y de la suma adicional que debe aportar la compañía de seguros en caso de siniestro, de invalidez o de que el afiliado opte por una pensión de sobrevivencia.  Este módulo contempla, así mismo, la posibilidad de que los trabajadores aumenten sus cotizaciones para poder jubilarse de manera anticipada.

ALTERNATIVAS PENSIONALES

El trabajador chileno tiene distintas alternativas de pensión: la pensión por vejez, la pensión anticipada por vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia.

La pensión por vejez se obtiene con una cotización mínima del 10% del salario bruto hasta cumplir la edad determinada por la ley (60 años las mujeres y 65 años los hombres). Se calcula que si la rentabilidad anual de los fondos es de 5%, la pensión del afiliado será equivalente al 70% de su renta imponible durante sus últimos diez años de vida laboral productiva.

De otra parte, para obtener una pensión anticipada se requiere que los fondos acumulados en la cuenta individual permitan que el afiliado acceda a una pensión de vejez cuyo monto sea al menos equivalente a un 50% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos diez años, debidamente actualizadas, y que la pensión resultante sea al menos igual al 110% de la pensión mínima.

En el evento de que el afiliado muera o quede inválido, existe un seguro de invalidez o sobrevivencia producto de una cotización adicional a lo largo de su vida laboral productiva.  Dicho seguro garantiza las pensiones transitorias de invalidez así como los aportes adicionales que deberán abonarse cuando se adquiere el derecho definitivo de invalidez o muerte.

Este seguro puede hacerse efectivo en cualquiera de las modalidades de retiro que se explican a continuación, y que comprenden el retiro programado, la renta vitalicia inmediata y la renta temporal con renta vitalicia diferida.

En el retiro programado los jubilados reciben un pago mensual de la administradora de fondos de pensiones, determinado por las expectativas de vida de su grupo familiar y el saldo de su cuenta individual. Esta renta mensual es ajustada anualmente.

La renta vitalicia inmediata está constituida por las cotizaciones acumuladas del afiliado, las cuales son transferidas a una compañía de seguros para la compra de un seguro que incluye beneficios de muerte para el grupo dependiente del afiliado.  El cálculo del monto se basa en la cotización acumulada por el trabajador en la administradora del fondo. El requisito para acceder a esta alternativa es que el trabajador esté en capacidad de contratar una renta por lo menos equivalente a la pensión mínima.

Tanto los pagos de renta vitalicia como los de retiro programado cubren al afiliado durante todo su período de jubilación.  Tras su muerte una porción de los mismos pasa a manos de sus dependientes.

Por último está la renta temporal con renta vitalicia diferida, que combina los dos tipos anteriormente descritos.  En ella el trabajador permanece una cantidad de tiempo predefinido en su administradora y cierra un contrato anticipadamente con una compañía de seguros.

LA SUPERINTENDENCIA DE FONDOS DE PENSIONES

La Superintendencia de Fondos de Pensiones ha creado diversas divisiones para atender las necesidades específicas de los tres módulos ya descritos.

Así pues, la División de Prestaciones y Seguros tiene como responsabilidad la normativa vinculada con las prestaciones, es decir, los beneficios del sistema, y controla la transparencia de las licitaciones entre las compañías de seguros y las administradoras de fondos de pensiones al momento de contratar el seguro de invalidez y sobrevivencia.

La División Financiera se responsabiliza de todo aquello que se relaciona con los instrumentos de inversión, para lo cual recibe información diaria de los movimientos en las tres bolsas de valores chilenas y en las 14 administradoras de fondos de pensiones del país.

A la Fiscalía le corresponde monitorear el cumplimiento del marco legal que rige al sistema de pensiones como un todo.

La División de Control de Instituciones controla el proceso que va desde la afiliación de un trabajador a determinada administradora hasta la presentación de su solicitud de pensión.  Le corresponde también monitorear la adecuada acreditación de las cuentas individuales en lo que se refiere a que las planillas de afiliación contengan la información completa y a que el trabajador quede inscrito en la entidad que efectivamente eligió, y verificar que los fondos den la rentabilidad a la cual cada administradora se ha comprometido.

La División de Estudios está constituida por expertos economistas que analizan aspectos que superan las fronteras del propio sistema, su perfeccionamiento, las nuevas alternativas de inversión, etc.

La División de Informática ha desarrollado todos los sistemas de control interno que instaló la Superintendencia de Fondos de Pensiones para poder hacer un adecuado control sobre el sector privado que opera en el país.

Y, por último, está la Unidad de Comisiones Médicas a la que le corresponde coordinar a los médicos encargados de la calificación de la invalidez en el ámbito del Decreto de Ley 3500.

LOS RESULTADOS

La eficiencia en el manejo de las pensiones por parte del sector privado y el público ha determinado que en la actualidad la pensión promedio que reciben los trabajadores se haya incrementado en un 47.2%, al pasar de US$77 (bajo el antiguo régimen) a US$114.

No debe perderse de vista, además, que en el momento en que los bonos de reconocimiento a los afiliados al antiguo sistema terminen de pagarse, las pensiones se incrementarán de manera sustancial.

Para terminar, entre 1981 y 1991 el nuevo sistema de pensiones ha entregado 127.347 pensiones.  Las proyecciones son que para el año 2000 esta cifra ascienda a 478.376 pensiones.

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